La responsabilidad pública de la educación superior y la investigación en Europa. Fuente: GUNI

En este artículo Sjur Bergan, director del Departamento de Educación Superior y Enseñanza de la Historia del Consejo de Europa, reflexiona sobre la noción de responsabilidad pública en el campo de la educación superior y de la investigación.

Introducción
Los ministros europeos responsables de la educación superior han declarado en dos ocasiones que la educación superior es un bien social y una responsabilidad pública (Proceso de Bolonia 2001, 2003). El espacio es demasiado limitado para discutir hasta qué punto la educación superior puede ser un bien público o privado, así que este artículo se centrará en la parte más operativa de la declaración: la educación superior como responsabilidad pública.

 El hecho de que los ministros hicieran dicha declaración dos veces en el transcurso de dos años podría considerarse, desde luego, un indicio de que afirmaban una obviedad. Pero una interpretación más razonable nos induciría a pensar que estaban expresando su preocupación por el hecho de que un rasgo de la educación superior europea que siempre se había dado por sentado pudiera dejar de serlo en el futuro. Sin embargo, dicha interpretación deja abierta la cuestión de si los ministros creían que el problema podía ser resuelto con el simple uso de la fuerza declarativa, dado que no aprovecharon la oportunidad de abrir un debate sobre cuál podría ser la responsabilidad pública y cómo debería implementarse.
 En nuestra opinión, ésta es la cuestión: ¿cuál es la responsabilidad pública en el campo de la educación superior en las sociedades modernas y complejas, con tal diversidad de actores, y cómo se puede conseguir que se convierta en una realidad permanente de la educación superior europea? El artículo se basa en la labor realizada por el Consejo de Europa (Weber y Bergan 2005; Consejo de Europa 2007), así como en otras reflexiones posteriores (Bergan 2009).
 
¿Responsabilidad de quién sobre qué?
 Antes de responder a la pregunta de ¿qué?, puede ser útil aclarar quién ostenta la responsabilidad pública. La típica respuesta de Europa sería “el Estado”, pero es una respuesta inadecuada. Tal como lo veo, la responsabilidad pública la ejercen los entes públicos, que pueden encontrase en todos los niveles —nacional, regional y local— dependiendo del país. Un ente público puede ser un ministerio nacional o regional, pero también puede ser un consejo de educación superior, una institución financiadora o un organismo especializado.
 Una segunda cuestión es “¿responsabilidad sobre qué?”. El debate público actual en Europa podría transmitir la impresión de que la educación tiene un solo propósito —fortalecer la economía—, pero los entes públicos tienen responsabilidad sobre toda la gama de objetivos de la educación superior. Puede que haya cierto debate acerca de los detalles pero en general parece que existe un acuerdo en que la educación superior tiene cuatro objetivos principales, todos de igual importancia (Bergan 2005, Proceso de Bolonia 2007 y 2009, Consejo de Europa 2007):
 
– preparación para el mercado laboral;
– preparación para la vida como ciudadanos activos en sociedades democráticas;
– desarrollo personal;
– desarrollo y mantenimiento de una base de conocimiento amplia y avanzada.
  
Principios básicos
La tercera pregunta es, por lo tanto, “¿qué responsabilidad?”. Tradicionalmente, la responsabilidad pública ha sido vista en Europa no sólo como un valor absoluto —una opinión con la que yo estoy más bien de acuerdo—, sino también como un fenómeno que no requiere una reflexión o una implementación muy matizadas. De todas formas, en una sociedad con actores tan diversos, en la que cada vez es más difícil para las autoridades políticas tomar una decisión y que sea aceptada, y en la que el espacio legal, el espacio político y el espacio económico en gran medida ya no coinciden, necesitamos reexaminar las distintas facetas de los entes públicos.
 Un solo modelo ya no sirve para todo; más bien, el grado de responsabilidad pública tiene que valorarse en relación con distintas áreas, de tal modo que los entes públicos tengan:
 – la responsabilidad exclusiva sobre el marco en el que se llevan a cabo la educación superior y la investigación;
 – el liderazgo en la responsabilidad de asegurar una eficaz igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en la educación superior, así como para asegurar que la investigación básica siga siendo un bien público;
 – la responsabilidad substancial en la financiación y la prestación de la educación superior y de la investigación, así como para estimular y facilitar dicha financiación y prestación por parte de otras fuentes dentro del marco desarrollado por los entes públicos (Consejo de Europa 2007).
  
Implicaciones
 Puede que sea más fácil esbozar principios básicos que ofrecer algo semejante a una descripción completa de las consecuencias de estos principios, sobre todo en un artículo breve. Sin embargo, incluso una exploración superficial de algunas de sus implicaciones ayudará a ilustrar estos principios y con suerte también estimulará la reflexión.
 La responsabilidad única de los entes públicos sobre el marco de la educación superior implica no sólo el hecho obvio de que la legislación es una responsabilidad que no puede transferirse a otros actores sino también el hecho de que los entes públicos tienen la responsabilidad de establecer disposiciones como el sistema de grados, el marco nacional de cualificaciones y los sistemas de garantía externa de la calidad. En este contexto, debería tenerse en cuenta que la educación superior está tan sujeta a legislaciones generales, como por ejemplo las normas de seguridad de los laboratorios, regulaciones de contabilidad pública y legislación laboral, como lo está a la legislación específica en materia de educación superior.
 Estas responsabilidades pueden ser ejercidas directamente por el ministerio responsable de la educación superior pero también pueden ser traspasadas a organismos especializados como una agencia de titulaciones o una agencia de garantía de la calidad. De hecho, sería poco usual que un ministerio tuviera la responsabilidad operativa sobre la garantía de la calidad, porque ello pondría en peligro la independencia de su evaluación o de las decisiones sobre acreditación. La autoridad en esta área incluso puede ser ejercida por una entidad no pública, como en el caso de la agencia de garantía de la calidad del Reino Unido, pero sigue siendo una responsabilidad pública porque el organismo en cuestión opera bajo un mandato público, que puede ser retirado por el ente público pertinente. La responsabilidad pública puede por lo tanto ejercerse a través de una entidad no pública pero no se puede renunciar a ella y, si la entidad en cuestión la desempeñara mal, la responsabilidad última seguiría siendo del ente público. Los entes públicos también son responsables de decidir qué instituciones y programas pertenecen a su sistema de educación superior (Consejo de Europa/UNESCO 1997, art. VIII.1), y hoy es difícil de imaginar que se pueda tomar esta decisión sin tener en cuenta la garantía de la calidad.
 Asegurar la igualdad de oportunidades en la educación superior también es una responsabilidad pública crucial, y puede que éste sea el punto en el que la declaración sobre la responsabilidad pública se acerque más a la interacción con la declaración sobre el bien público. Los entes públicos deben asumir la responsabilidad de asegurar que todo el mundo tenga la posibilidad de completar una educación de calidad de acuerdo con sus habilidades e intereses. Eso no significa simplemente la ausencia de discriminación en el acceso a la educación superior. Más bien implica que los entes públicos deben implementar políticas en todos los niveles educativos que permitan a todos los estudiantes desarrollar su talento independientemente de su origen. Juzgar el potencial futuro es un desafío mayor que juzgar los logros del pasado, pero es esencial. No permitir que todo el mundo desarrolle su potencial plenamente es injusto para los individuos afectados y también impide que una sociedad pueda hacer un uso pleno de las potenciales contribuciones de sus ciudadanos.  
 Un tercer ejemplo sería la financiación. Pocas universidades pueden cumplir sus objetivos únicamente a través de la financiación pública ordinaria, y la mayoría buscan contribuciones externas a través de la financiación de proyectos públicos o a través de una variedad de recursos privados. La educación superior financiada de forma privada es también una realidad en muchos países. Bajo mi punto de vista, la cuestión principal no es la propiedad sino el grado en el que la financiación privada se lleva a cabo dentro de un marco y bajo regulaciones establecidas por los entes públicos. Consideraría la financiación pública como algo positivo si ayudara a incrementar la capacidad de un sistema en cuanto a educación superior e investigación y al mismo tiempo mantuviera las garantías de calidad, ofreciendo cualificaciones de conformidad con el marco de cualificaciones de ese sistema, practicando las mismas políticas de admisión, etc. Sería negativo, por ejemplo, si ofreciera educación de calidad insuficiente, no mostrara ninguna preocupación por la responsabilidad social de la educación superior u ofreciera cualificaciones demasiado alejadas del marco nacional de cualificaciones como para ser fácilmente reconocidas, sin informar muy claramente a los futuros estudiantes acerca de ello.
  
Desafíos futuros
 Si queremos que la responsabilidad pública en la educación superior sea una característica definitiva del espacio europeo de educación superior, hay que reflexionar más sobre este tema. Creo que el trabajo llevado a cabo por el Consejo de Europa hasta ahora es un buen comienzo, pero soy consciente de que no se han dado todas las respuestas posibles. A medida que las sociedades se desarrollan, también lo hace nuestro concepto de responsabilidad pública sobre educación superior, sin que esta evolución de conceptos ponga en duda el principio de igualdad de oportunidades. Quizá el principio inmutable de responsabilidad pública se pueda resumir como la respuesta a lo que llamo las dos preguntas cruciales de Eugenio Tironi: «la respuesta a la pregunta “¿qué tipo de educación necesitamos?” debe buscarse en la respuesta a otra pregunta, “¿qué tipo de sociedad deseamos?”» (Tironi 2005). Contestar a estas dos preguntas debe ser una responsabilidad pública, en el sentido más amplio del término.
 
Sjur Bergan es Jefe del Departamento de Educación Superior y Enseñanza de Historia del Consejo Europeo. Él representa el Consejo de Europa en el Grupo de Seguimiento de Bolonia y preside el Grupo de Trabajo sobre Marcos de Cualificaciones. Ha sido Secretario del Consejo de Educación Superior y Comité de Investigación (CDESR) y fue miembro del grupo  editorial para el Consejo del Libro Blanco sobre Diálogo Intercultural. Sjur Bergan es editor de la Serie sobre Educación Superior del Consejo de Europa y autor de Qualifications: Introduction to a Concept, así como de numerosos artículos.
 
 REFERENCIAS
 Bergan, Sjur (2005): “Higher Education as a Public Good and a Public Responsibility: What Does it Mean?”, en Weber y Bergan (ed.): The Public Responsibility for Higher Education and Research, p. 13-28.
 Bergan, Sjur (2009): “Public Responsibility and Institutional Autonomy : Where is the Balance?” en Past, Present and Future of the Magna Charta Universitatum. Celebrations of the XX Anniversary of the Magna Charta Universitatum (Bolonia: Bononia University Press), p. 99-125.
 Proceso de Bolonia (2001): “Towards the European Higher Education Area” Comunicación en la reunión de ministros europeos responsables de la educación superior en Praga.
 roceso de Bolonia (2003): “Realising the European Higher Education Area” Comunicación en la reunión de ministros europeos responsables de la educación superior en Berlín.
 Proceso de Bolonia (2007): “London Communiqué. Towards the European Higher Education Area: responding to challenges in a globalised world”
 Proceso de Bolonia (2009): “The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade” Comunicación en la reunión de ministros europeos responsables de la educación superior, Lovaina y Nueva Lovaina.
 Consejo de Europa (2007): Recomendación Rec (2007) 6 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre la responsabilidad pública en educación superior e investigación.
 Consejo de Europa/UNESCO (1997): Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the Europe Region (Convenio de Reconocimiento de Lisboa)
 Tironi, Eugenio: El sueño chileno. Comunidad, familia y nación en el Bicentenario (Santiago de Chile: Taurus)
 Weber, Luc y Sjur Bergan (ed.) (2005): The Public Responsibility for Higher Education and Research (Strasbourg Council of Europe Publishing. Council of Europe Higher Education Series, volumen 2)
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