Castigar la corrupción. BALTASAR GARZÓN. El País – Domingo del 25/04/2010

El concepto de corrupción es confuso y amplio porque en su sentido físico es aplicable a cualquier objeto, y en sus aspectos intelectual, sentimental, político, social y económico, al ser humano en general. No todos se venden por dinero. Las motivaciones de quienes caen en la corrupción a menudo van más allá de lo económico: la propia convicción, el odio o la venganza, pasando por intereses de cualquier orden, incluido el de favorecer a los suyos, pueden corromper a una persona. Tampoco existe una sola clase de corrupción, ya que puede ser ésta pública o privada, clásica o moderna, y afectar a instituciones o sectores del Estado o de la justicia, en sistemas democráticos o en dictaduras. Pero se trata esencialmente de un fenómeno generador de injusticia y desigualdad entre los ciudadanos y, por ende, de desconfianza: ante la falta de respuestas adecuadas por parte de quienes tendrían obligación de perseguir las prácticas corruptas y no lo hacen, se presume la corrupción del sistema.

Aumentan así el desinterés por la defensa de lo público y la apatía ante la necesidad de generar un rearme ético que tenga como base la educación y el aprendizaje.

La corrupción política, de la mano de la económica, se traduce en una especie de privatización del Estado. Los servidores de este pasan a ser “dueños” de los servicios públicos en vez de gestores de los mismos. Cobra fuerza el concepto de patrimonialización de estos servicios en detrimento de la idea democrática de atención al ciudadano. Y se induce a este ciudadano, de manera forzosa, a creer en la inocuidad, o incluso en la bondad, del fenómeno.

Esta afirmación explica que la corrupción en España en el año 2008 ocupara uno de los últimos puestos en la clasificación de asuntos por orden de preocupación de los ciudadanos, y vuelve comprensible el hecho de que responsables políticos acusados, investigados o condenados por corrupción sigan contando con el apoyo popular en periodos sucesivos. De modo que para muchos, tristemente, es peor la evidencia de su torpeza al ser sorprendidos que el ser reconocidos como corruptos.

Si algo nos enseña el mapa de la corrupción en cualquier parte del mundo y en cualquier época, es que sólo los liderazgos valientes y decididos pueden acabar con el problema, superando la indiferencia popular y manteniendo una actitud vigilante e intransigente frente a los comportamientos corruptos. Una buena gobernabilidad, obtenida mediante la acción coordinada de organismos de control que reduzcan los espacios para la corrupción, es básica para una eficaz estrategia frente al problema. Y esa gobernabilidad, precisamente, se fortalecerá sobre la base de una lucha frontal contra la corrupción, lo que a su vez dotará a las instituciones de la autoridad necesaria para transmitir no sólo la apariencia de legalidad, sino también la firmeza ética de que no va a transigirse con la corrupción pública o privada.

La afirmación de que, en un sistema democrático, ciertas dosis de corrupción son necesarias para sostener el esquema de partidos políticos -que lleva a la aceptación de prácticas irregulares de financiación- es inaceptable, porque la credibilidad de una formación política debe radicar no sólo en la coherencia y el carácter democrático de sus ideas, sino también en la transparencia de sus recursos, reflejo de la honradez de sus dirigentes.

A pesar de que esto resulte claro, no son muchos los códigos penales que tipifican como delictiva la financiación irregular de los partidos políticos, una de las fórmulas más habituales de corrupción. Incluso en algunos sistemas se ha optado, casi sin polémica, por admitir claramente la acción de los lobbies o grupos de presión político-económica en campañas electorales (el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 2010, ha sentenciado la legalidad de acción de estos grupos, decisión que el presidente Barack Obama ha criticado con energía, siendo él mismo quien promovió la norma de su prohibición).

Es un hecho incontestable que la corrupción también es un instrumento idóneo para el crimen organizado y para el desarrollo e implantación de sus métodos en sistemas políticos y económicos y en instituciones financieras, policiales o judiciales, con el fin de conseguir mayores espacios de impunidad. Porque “ninguna forma de gobierno es indemne al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias de niveles muy superiores a los que son alcanzables con las actividades legales” (Louise Shelly, American University).

El crimen organizado ha penetrado en muchos Estados, desde el ámbito local hasta el nacional o federal, a través de la financiación de las campañas políticas para la elección de sus miembros como diputados. Recuérdense los casos de narcopolítica o parapolítica en países como Colombia, la compra de voluntades políticas por la Mafia en Italia o la designación de funcionarios de gobierno por grupos criminales en México.

Si lo anterior es un hecho, también lo es la asociación transnacional de unos y otros grupos criminales, como una necesidad derivada de la propia actividad organizada y de la complejidad y la globalización de los mercados a los que atacan. Ese crecimiento, curiosamente, los hace más vulnerables a la acción coordinada de la justicia de los distintos países, que se ha ido dotando de instrumentos idóneos para llevarla a cabo. Por tanto, será de esta forma como se deba incidir para sumar, a los efectos de la prevención, los de una adecuada persecución del fenómeno mixto “crimen organizado-corrupción”.

Que no se hable tanto de corrupción no significa que haya dejado de existir. Por el contrario, lo sucedido es que aquellos que la practican se han hecho más expertos y han abandonado la bandera negra con la calavera pirata por el estuche negro del ordenador; y la maleta con la ametralladora por el maletín del ejecutivo. Han conseguido un nuevo triunfo: que se deje de hablar de ellos, de modo que no se perciba su penetración en consejos de administración de grandes empresas y organismos multilaterales, contribuyendo al lavado de activos procedentes de los más variados sectores de la criminalidad con impunidad de sus conductas, aplicando trabas a cualquier tipo de investigación.

De todo ello se desprende la necesidad de que el fenómeno de la corrupción se visibilice, se denuncie y se haga patente en toda su crudeza, para imposibilitar la indiferencia ante el mismo.

Hoy día, el tema de la corrupción, especialmente en nuestro país, está sometido a debate. Pero, detrás de formulaciones de intransigencia frente al mismo, se observan actitudes de comprensión, especialmente cuando se trata de casos de corrupción política. Casos en los que ciertos medios de información toman posiciones no necesariamente objetivas, sino encubridoras y entorpecedoras de la acción de la justicia.

Las noticias se suceden a tal velocidad que el ciudadano no tiene tiempo de asimilar lo que lee, escucha o ve en los diferentes medios, aunque no renuncie a cierta percepción crítica de los diferentes casos. Quizá podría decirse que, en lo que llevamos de siglo XXI, la corrupción se ha convertido en una especie de bacilo de la peste que viene de lejos, como nos relata brillantemente en este libro Carlo Alberto Brioschi, y que conoce ahora, como cualquier sistema infeccioso, su eclosión purulenta.

En su prólogo, el propio Brioschi se pregunta: “¿A quién le importa si el propio César es un ladrón?”. A nadie, viene a responder el autor. Nerón y Calígula han pasado a la historia de igual modo que los santos, nos dice. Pero no hace falta ir tan lejos, nos sugiere el autor. Sabemos de casos de flagrante corrupción en los que se han visto envueltos ciertos políticos cuyo apoyo electoral y apreciación política no se han visto afectados por semejante conducta. Más bien al contrario. Incomprensiblemente, las máquinas propagandísticas de los partidos, o de algunos de ellos, anestesian la memoria de los ciudadanos para conseguir el olvido o, al menos, la condescendencia ante la promesa de que determinados hechos no volverán a producirse y que la limpieza y pureza de la gestión será en el futuro la norma. Sin embargo, pasado el tiempo, el escenario se repite, y algunos “tropiezos” se disculpan ante la perspectiva de una victoria electoral que garantice que las cosas serán diferentes.

Con ironía recuerda Brioschi que, según Octavio Paz, “una nación empieza a corromperse cuando se corrompe su sintaxis”. La cita encierra una reflexión de largo alcance: la corrupción no es otra cosa que la alteración violenta del orden, de las reglas establecidas. Aunque también sucede que se aprovechan las normas para subvertir su contenido y buscar zonas de impunidad.

(…) Los últimos capítulos de esta Breve historia de la corrupción se centran en el estado actual de esta cuestión, en un mundo en el que el carácter global de las conexiones políticas y económicas otorga a los problemas escala universal. Brioschi analiza los grandes crash financieros y el futuro de la corrupción, y recuerda cómo, en el momento de su máxima expansión económica, Estados Unidos realizó, mediante la deshonestidad de su clase política y económica empresarial, una contribución esencial al desarrollo de todas las formas de corruptela. En ese sentido cita al sociólogo español Josep Ramoneda: “En esta sociedad de desigualdad creciente, su corrupción es al mismo tiempo un síntoma y una estrategia”. Y así, el autor introduce el factor corrupción en el estudio de la democracia. Prosigue Ramoneda:

“Es cierto que la corrupción ha existido siempre y que si antes no era tan manifiesta es sólo porque la ideología política la ocultaba. Bajo el franquismo, todo el régimen era corrupto, y en las democracias europeas la corrupción fue un tabú hasta que la disolución del enemigo no eliminó también las viejas prioridades ideológicas”.

Y va aún más lejos al decir que “en la medida en que la vida política se somete a las exigencias del poder económico, los territorios se confunden y lo público y lo privado se mezclan, y se generan mecanismos de transferencia constante de un poder a otro”.

(…) No quiero terminar esta nota de prólogo al libro de Brioschi sin hacer alusión a un tema que el autor toca de pasada en su introducción. Brioschi alude a la sugerencia de Giuliano Ferrara de que la magistratura no debe decidir sobre la suerte de los gobiernos, y por extensión, de los gobernantes. El propio autor responde citando, entre otros, a Ilvo Diamanti, quien recuerda: “No hay que olvidar que la corrupción y los casos de irregularidad no se los han inventado los jueces”.

Giulio Calamandrei añade al respecto, en el mismo contexto: “El mayor riesgo para un magistrado no viene -solo- de las presiones externas, sino del agotamiento interior de las conciencias”. Que cada uno haga su reflexión particular sobre este tema, sin olvidar que la corrupción también anida con frecuencia en la judicatura.

La independencia judicial es el baluarte para una adecuada gobernabilidad. Esa independencia debe proclamarse tanto del poder político (ejecutivo, legislativo, los propios partidos políticos) como del económico (entidades financieras, bancos, corporaciones). Mi referencia a los poderes político y económico es intencionada por cuanto hoy lo político depende del poder económico, multinacional y globalizado de las corporaciones que, en definitiva, controlan su desarrollo. Por ello, resulta indispensable un poder judicial fuerte, independiente e inamovible, capaz de investigar y castigar la corrupción por encima de cualquier otra circunstancia, siempre desde la legalidad, pero sin la mediatización de quienes pretenden ejercer un control político sobre él, desde dentro o desde afuera.

Concluyo de la mano de Maquiavelo, a quien Carlo Alberto Brioschi cita a menudo: “No sin razón se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. La opinión pública pronostica los sucesos de una manera tan lúcida que se dirá que el pueblo está dotado de la facultad de prever lo que distingue al bien del mal”, recuerda el autor en su texto sobre Tito Livio.

Pero, hoy en día, ¿podemos compartir esta afirmación en un mundo en el que los medios de comunicación deciden lo que es y lo que no es, en el que se ensalza o humilla por interés político o económico, en el que se defiende o ataca en función de lo que se obtenga o pierda? La responsabilidad de los medios de comunicación es de tal magnitud que puede afirmarse que de su uso adecuado depende el futuro de una sociedad que, queramos o no, es esencialmente mediática.

© EDICIONES EL PAÍS S.L. – Miguel Yuste 40 – 28037 Madrid [España] – Tel. 91 337 8200

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s