La “rebelión de las maras” paraliza el transporte público en El Salvador. JUAN JOSÉ DALTON. El País – San Salvador – 09/09/2010

Las pandillas responden así a una nueva ley que las penaliza duramente

La capital de El Salvador, este pequeño país centroamericano, amaneció durante los dos últimos días con un inmenso caos, especialmente en lo que al transporte terrestre y al cierre de comercios se refiere: las llamadas maras La 18 y la Salvatrucha amenazaron con quemar autobuses y negocios que presten servicios.

La medida de los mareros recuerda los días de la recién pasada guerra civil (1980-1992) cuando las guerrillas ordenaban paros del transporte y del comercio con el fin de sabotear “la economía enemiga”.

Previo a la entrada en vigor del paro marero, el lunes por la noche, en la barriada popular de Ilopango -de fuerte dominio de las pandillas-, los delincuentes incendiaron un autobús para advertir que su intención de actuar iba en serio. El martes, quemaron otro autobús y un mototaxi; otra unidad del transporte fue tiroteada, pero no hubo muertos.

Mientras, se informa de que, en nueve de los 21 centros penales nacionales, los reos miembros de pandillas se encuentran en estado de rebeldía, es decir, que se niegan a entrar en sus celdas. En la cárcel de Ciudad Barrios, en la provincia oriental de San Miguel, se han producido algunos disturbios con un saldo de seis presos y un agente de la seguridad heridos.

Se sabe que las pandillas, sobre todo la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, han respondido de esa manera a la aprobación la semana pasada por el Congreso legislativo de una ley que proscribe y penaliza duramente a los grupos ilegales, como pandillas y maras. La ley igualmente endurece las penas contra aquellos que cooperen con las pandillas, sea económica o logísticamente.

El martes y el miércoles, las unidades del transporte urbano en San Salvador se paralizaron parcialmente. “Hoy paré mis unidades”, cuenta el dueño de cuatro autobuses de la ruta 42B, que hace su recorrido desde el centro de San Salvador hacia la colonia Merliot, en la periferia capitalina. “Claro que tengo miedo que me quemen mis buses, son mi medio de vida”, aclaró el pequeño empresario, quien, junto a sus empleados, vigila los vehículos en un aparcamiento privado. Cerca de ellos se encuentran cuatro soldados del Ejército desplazados este miércoles para proteger el transporte urbano.

Las autoridades locales, por medio del ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, anunciaron un fuerte plan de contingencia y seguridad, que consiste en el incremento de la seguridad, custodia y protección en las terminales, así como en los autobuses y microbuses. Melgar señaló que se colocaría a agentes camuflados en el transporte público para que la gente tuviera más confianza.

El ministro de Defensa, general David Munguía Payés, anunció que 2.000 soldados adicionales han sido movilizados para contribuir a la seguridad. En este caso, la cantidad de militares en tareas de seguridad pública llega a 9.000, de los aproximadamente 16.000 con que cuenta las Fuerzas Armadas. Mientras, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, confirmó que 3.500 policías trabajan en los operativos de vigilancia del transporte. El paro es de alcance nacional: fue verificado en San Salvador, en las cuatro provincias orientales, en San Vicente, La Libertad y Santa Ana.

Ascencio también aseguró que seis personas fueron capturadas por estar repartiendo amenazas escritas a comerciantes y otros dos jóvenes fueron capturados por haber lanzado supuestamente una granada a un retén policial, lo que llevó al Ejército a emplear tanquetas armadas en San Salvador.

En medio de las amenazas y la incertidumbre ha circulado un comunicado atribuido a las Maras 18 y la Salvatrucha. En un canal de televisión local de gran audiencia fue leído por Antonio Rodríguez, cura párroco de Mejicanos (periferia de San Salvador) de origen español, quien ha explicado que los pandilleros “están disculpándose con la población en general por el paro de buses y por la situación que se ha generado”.

Agregó que los delincuentes indican que se trata de “una medida de presión para que el Gobierno tome dos actitudes: Una, que genere un espacio de diálogo entre las pandillas y el Gobierno con algún ente o intermediarios para solucionar el problema de la violencia. Y dos, que vete el presidente la Ley de Proscripción de Pandillas, que es una ley que está dentro del marco y de la ideología de las manos duras, que lo que ha causado es un incremento de los niveles de violencia”.

Por su parte, tanto el general Munguía Payés como el jefe policial Ascencio, negaron cualquier posibilidad de “negociar políticamente” con las pandillas.

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