GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Escribe: Vicente David Rojas Paico

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Escribe: Vicente David Rojas Paico

Es derecho fundamental el que toda persona participe en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Según nuestro ordenamiento constitucional, “Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”. No se puede concebir a una democracia que desconozca a los ciudadanos su derecho a intervenir en los distintos ámbitos de la esfera pública, no solo porque ello resulta una manifestación directa de la dignidad humana, sino porque tal participación supone una garantía indispensable para la realización de otros derechos fundamentales y condición básica para el control de la actuación del Estado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por Resolución Legislativa N° 13282 señala en su artículo 21: ”Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representes libremente escogidos”. Este derecho también ha sido reconocido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Coincidimos con ALBAN PERALTA (2006), cuando señala que nuestro ordenamiento constitucional ha incorporado mecanismos de democracia directa, con la finalidad de ampliar el contenido del derecho de participación política, tanto a nivel de los gobiernos locales como del gobierno central. De esta manera, el principio de soberanía del pueblo y su correlato, el derecho a la participación política, dos caras de la misma moneda, se han visto reforzados con la regulación de instituciones como el referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción o revocación de autoridades y la demanda de rendición de cuentas, esta última prevista en el artículo 31 de la Carta del 93, desarrolladas en la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.[1]

Haciendo un recuento histórico se afirma que los últimos años del siglo XVIII significaron la elaboración teórica de la democracia semidirecta; por su parte el siglo XIX se encargó de formalizar las instituciones propias de esa democracia semidirecta y encuadrarlas dentro del marco jurídico constitucional, y finalmente en el siglo XX la tan mencionada democracia semidirecta pasó a ser una técnica más del constitucionalismo. De ahí que, como lo señala el artículo 45° de la Constitución vigente, El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.

Podemos afirmar que, nuestra Constitución reconoce expresamente, a través de distintos artículos, la obediencia al mandato del pueblo y a sus representantes. De la lectura de los principios filosóficos que inspiran nuestra Constitución, se colige que nos encontramos dentro de un marco normativo constitucional que consagra una democracia representativa, a través de la cual el pueblo elige y los gobernantes elegidos ejercen el poder en representación del pueblo. En resumen, los representantes no son los titulares del poder y lo ejercen exclusivamente en representación del pueblo que los elige.

En este orden de ideas, podemos señalar que participación política es, cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el proceso político y en sus resultados. Estas acciones pueden orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formulación, elaboración y aplicación de políticas públicas que éstos llevan a cabo; o a la acción de otros actores políticos relevantes. La participación política requiere por tanto de un comportamiento observable llevado a cabo en un ámbito o colectivo por parte de un ciudadano para poder considerada como tal.

Una de las acepciones que se utilizan en los informes del Banco Mundial, es definir a la Gobernabilidad como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas.[2] La Transparencia es el derecho de toda persona a solicitar, sin  expresión  de  causa, la  información  que requiere y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal y con el costo que suponga dicho pedido. Según el Banco Mundial, la transparencia es el flujo de información caracterizado, cuanto menos, por  accesibilidad, relevancia, calidad y confiabilidad.

Actualmente la transparencia de la Gestión Pública en el Perú, se viene construyendo con muchas particularidades, a través de los siguientes ejes:

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS DECISIONES PÚBLICAS: Mediante la participación ciudadana en aprobación de planes y presupuestos y también en políticas públicas. A mayor participación, mayor fortalecimiento de las Organizaciones Sociales y mayores posibilidades de presión social.

DESCENTRALIZACIÓN: Esta reforma acerca al Estado a los ciudadanos y debe cambiar las estructuras del poder, facilitando la descentralización, la eficiencia y transparencia.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA: Se orienta a establecer un sistema profesional y eficaz de función pública, como base de un Estado eficiente, Transparente, pero capaz también de fomentar la inclusión y equidad.

PROMOCIÓN DEL BUEN GOBIERNO: El Buen Gobierno se sustenta, entre otros, en el respeto al derecho de acceso a la información pública. Se fomenta la convicción de que son inaceptables los gobiernos que facilitan la corrupción, que traban el acceso a la información, que no rinden cuentas.

FOMENTO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO: Se trata de que los medios electrónicos sirvan a una gestión pública que incremente la calidad de los servicios, simplifique trámites, genere información de alto valor, facilite la comunicación.

En relación a la Transparencia en General, tenemos los siguientes desafíos:

–       Pasar de la confianza a la credibilidad.

–       Pasar de ampliar niveles de corrupción a su reducción y prevención.

–       Pasar de la vigencia formal de normas a la institucionalización de acciones y procesos.

–       Construir el paradigma de la cultura de transparencia.

–       Fortalecer el interés de los medios de comunicación sobre la transparencia.

–       Sensibilizar y capacitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que ejerzan sus derechos.

–       Institucionalizar que la Contraloría General de la República verifique las obligaciones sobre transparencia.

–       Fortalecer el sistema electrónico de adquisiciones.

A manera de conclusiones podemos señalar:

1) La normatividad de diversa escala sobre la transparencia y  acceso  a  la  información es, sin duda, necesaria pero insuficiente. Se requiere cambiar la cultura y prácticas de la  política  y  de  la  gestión  pública, con  el  impulso  de liderazgos innovadores desde el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, y la participación ciudadana creciente.

2) Son  alentadoras  las  iniciativas  de  algunas  entidades públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil, en  diversas  escalas, pero  el  balance sigue siendo crítico.  Se  hace  necesaria una Estrategia Nacional de Transparencia Intergubernamental que haga de ésta una efectiva política de Estado.

3) El centralismo se expresa en las escasas normas y políticas complementarias sobre la Transparencia; pero también en la desatención del control necesario por los organismos nacionales.

4) Los altos  índices de aceptación que tienen algunas autoridades no necesariamente son indicadores de la transparencia en la gestión pública.

5) Sigue vigente el divorcio entre propuestas y acciones concretas, es decir, en muchos aspectos las acciones gubernamentales no guardan coherencia con las promesas electorales de transparencia y el respeto a los  derechos ciudadanos. Un ejemplo de ello es el Congreso Nacional.

Huacho, 24 de enero del 2011

[1] Comentarios al artículo 2° numeral 17 de la Constitución. En: “La Constitución comentada”. Tomo I. Ed. Gaceta Jurídica. Lima.

[2] COLOMBO, Paolo. Gobierno, Léxico de político 1. Traducción de Cardoso, Herber (2003). Buenos Aires. Pág. 131. ISBN 950 602 468 5.

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