Editorial. La República – Lima – Perú del 09/02/2011

Intersante reflexión sobre los efectos devastadores de las políticas de la pasada decada para las clases trabajadoras.

No hay vuelta a los años 90

Nos gustaría escuchar de los candidatos una opinión sobre lo ocurrido en los años 90, cuando las políticas neoliberales de Fujimori (padre) desarticularon la industria, provocando el desempleo de cientos de miles de trabajadores que, en nombre de la flexibilización laboral perdieron derechos que los protegían desde la primera mitad del siglo XX y cuando el solo hecho de formar un sindicato pasó a ser causal de despido.

Aquel vendaval conservador, cuyas consecuencias se mantienen, arrasó con los empleos, la protección legal y las condiciones de vida de la fuerza laboral del país, ocasionando que el número de trabajadores adecuadamente empleados fuese una minoría que debió aceptar su situación sin chistar, por el temor de ser expulsado del empleo si resultaba demasiado gremialista o cuestionador.

Fueron años en que la triada que por decenios había presidido las relaciones laborales en el país –Estado, empresas, sindicatos– se quebró debido a la renuncia del Estado a ejercer el rol de contrapeso que era el suyo, actuando en favor de la parte más débil de la relación laboral: el trabajador. Años en que incluso se llegó a discutir sobre la conveniencia de mantener un Ministerio de Trabajo o clausurarlo en favor de alguna oscura dirección alojada en una de los ya existentes.

Antes de cada elección, desde entonces, hemos visto a los candidatos muy dispuestos a reparar las brechas abiertas en los años 90. Se habla entonces de cancelación de services, de plena vigencia de los derechos laborales, de la necesidad de promulgar por fin la Ley General de Trabajo –engavetada en algún polvoriento archivo del Congreso, que pidió plazo para “estudiarla”–, todo lo cual coincide, sin duda, con propósitos vinculados con la democracia.

Pero los trabajadores han aprendido a ser cautos en sus entusiasmos y a descreer de las promesas electorales. Lo más probable es que ningún cambio ocurra, porque la clase política que debería promover o acompañar esa transformación sigue ensimismada en sus tejes y manejes y ha de pagar las deudas contraídas con los auspiciadores de sus costosas campañas.

Como sea, el compromiso principista con lo que se promete en calles y plazas es una virtud muy escasa en estos tiempos, y así como las reivindicaciones por muertos y desaparecidos van quedando solo en mano de los organismos de DDHH, aquellas que plantean la devolución de los derechos laborales  son vistas como rezagos del siglo pasado. Demandar salarios justos y jubilaciones que no sean un vía crucis para el trabajador es poco menos que una excentricidad. En un mundo en que solo un 20% de la población recibe el 80% del ingreso mundial y tres mil millones de personas conocen algún grado de pobreza, lo menos que puede esperarse de quienes aspiran a gobernar es que hablen de empleos dignos, redistribución e inclusión y se dejen de la retórica del chisme cotidiano.

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