CVR + 9: La agenda de la verdad y la justicia. Por: Salomón Lerner Febres

Fuente: Ideele

(Foto: La Mula).

Han transcurrido nueve años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hiciera entrega de su Informe Final a los tres poderes del Estado peruano y al país en general. La distancia que brinda este lapso relativamente extenso nos permite evaluar cuál ha sido el destino seguido por las contribuciones realizadas por la CVR. Esta exposición no pretende limitarse a un enunciado de avances y omisiones sino, además, recordar el sentido de la labor realizada hace casi una década y del proceso democrático transcurrido desde entonces.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación nació en un clima de expectativas de reforma, cuando existía la impresión de que la sociedad peruana había aprendido del grave error que fue la entrega de sus libertades a cambio de una supuesta seguridad económica y de la pacificación. La creación de la CVR era, así, un imperativo ético para el Estado peruano. Nuestra sociedad tenía el derecho a conocer la magnitud de las situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante las dos últimas décadas del siglo XX no solo para sancionar a los culpables de lo ocurrido o establecer los grados de responsabilidad política y social de los actores involucrados, sinotambién porque la verdad en sí misma tiene un efecto reparador en las sociedades que han sufrido experiencias de violencia y gobiernos autoritarios. La tarea de la CVR supuso asumir con plena conciencia las desigualdades y las diferencias ignoradas de la sociedad peruana, muchas de las cuales aún no son reconocidas por todos los ciudadanos de nuestro país. Así, conjuntamente con la construcción de un relato que describía actos execrables y también expresiones de coraje y defensa de los derechos fundamentales, la Comisión buscó comprender el telón de fondo en el que se desarrolló la violencia. Los procesos de modernización truncos y las situaciones de exclusión incidieron en la forma como la violencia afectó en distintas maneras a sectores de la sociedad peruana y condicionaron la actuación de los actores armados, políticos y sociales involucrados en estos sucesos. Ello explica – aunque de ningún modo justifica – tanto la insania con la que los grupos armados y miembros de las fuerzas del orden actuaron contra sus propios compatriotas, así como la indolencia o complacencia con las acciones violentas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó su trabajo poniendo por delante el sentido ético de su labor: la búsqueda de la verdad; la necesidad de otorgar sentido a la justicia, comprendiendo sus aspectos penales, pero yendo más allá de ellos; y la urgencia de iniciar un proceso de reconciliación que, lejos de entenderse como una ventana hacia la impunidad, implicara un nuevo pacto social entre los peruanos.

Los hallazgos realizados por la CVR, conocidos por todos quienes hayan sentido cuando menos una pequeña inquietud por informarse y comprender, constituyeron la base de la presentación pública que hicimos del Informe Final, en agosto de 2003, ante los tres poderes del Estado. El discurso que me correspondió pronunciar en esa ocasión enfatizó en el escándalo que suponía para el país que amplios sectores de compatriotas desconocieran la magnitud de lo ocurrido a nuestros hermanos que viven en la sierra y en la selva de nuestro país, así como en las zonas más pobres de nuestras ciudades. Asimismo, señalamos en esa oportunidad las responsabilidades sobre la comisión de violaciones a los derechos humanos y resaltamos las expresiones de valor y coraje de civiles y militares que enfrentaron al terror con valentía y respeto a la ley.

Sin embargo, a pesar de la claridad de nuestro mensaje y de nuestro trabajo, se inició una ofensiva contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sus integrantes y su Informe Final. Los ataques vinieron desde sectores que se opusieron desde el inicio a la exposición de la verdad. Estos sectores han insistido en una batalla contra la memoria en la que presentan a las víctimas de las acciones del Estado que terminaron en violaciones a los derechos humanos como meros “costos a pagar por la pacificación”, celebran y reivindican las arbitrariedades del gobierno fujimorista y se complacen en el uso de epítetos en vez de desarrollar políticas serias para poner atajo a los remanentes de Sendero Luminoso, hoy vinculados al negocio del narcotráfico y pretendiendo ganar una inmerecida e inaceptable presencia pública en las ciudades por medio de organizaciones de fachada como Movadef.

A ellos se sumaron quienes creen que toda crítica al statu quo en el Perú implica poner en peligro el crecimiento económico alcanzado sobre la base de un modelo económico que si bien ha dado resultados positivos para el país en términos generales, todavía deja mucho que desear en términos de inclusión y justicia, como bien lo saben millones de peruanos diariamente.

Esta situación se mantuvo durante los años siguientes, debido a que, conjuntamente con las buenas cifras económicas, también creció en algunos sectores de la opinión pública y de la clase política y económica un sentido conservador para entender al país. Los resultados macroeconómicos, en efecto, han dado lugar a una ola de conformismo, frivolidad y autocomplacencia y han postergado la necesaria vocación de transformación social.  En este nuevo clima cualquier persona que exprese una vocación decambio, sea desde la política, la academia, la sociedad o desde el ejercicio de la opinión libre, se arriesga a ser caricaturizada o difamado por cierta prensa empeñada en eliminar todo asomo de disidencia respecto del orden establecido. Las visiones sobre los conflictos sociales que se suceden en diversas regiones y el encono escenificado en la última campaña electoral proporcionan un reflejo bastante exacto de cómo la prepotencia, la poca preocupación por el otro y el mero interés particular se han erigido en ideología de una clase dominante que no ha aprendido –que no quiere aprender– a ser dirigente de un país complejo y diverso.

Esa vaga ideología o, más bien, ese prejuicioso sentido común que prevalece en un amplio sector de los políticos de nuestro país ha llegado a ser uno de los principales obstáculos para la debida atención a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta había señalado algunos aprendizajes necesarios en cuyo centro estaba la necesidad de transformación de la política a fin que esta actividad se convirtiera en un espacio de creación de una sociedad distinta. Ello está muy lejos de haber ocurrido y es por esa razón que el balance que se puede hacer de los cambios adoptados en el país a partir del reconocimiento de la verdad es necesariamente insatisfactorio y nos señala la necesidad de redoblar nuestro compromiso y nuestras energías para lograr que alguna vez nuestra sociedad cambie para mejor.

Memoria
Una primera materia por abordar es la memoria. Al decir “memoria”, como bien sabemos, no sólo nos referimos al recuerdo de los sucesos del pasado, muchos de los cuales son bastante dolorosos y por los que muchos peruanos aún conservan un agudo dolor; al hablar de memoria tenemos presente que dicho recuerdo debe ser acompañado de un sentido sobre nuestra historia y sobre nuestras propias vivencias cotidianas durante la época más fuerte de violencia. Sólo esa memoria impregnada de valoraciones éticas y orientada al reconocimiento puede brindarnos la esperanza de que estos hechos no se repitan y la sabiduría para construir una sociedad mejor.

Las acciones emprendidas por el Estado en materia de memoria han sido pocas. Ha sido la Defensoría del Pueblo la entidad que ha tenido mayores esfuerzos sobre esta materia con la creación y mantenimiento del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos, que contiene, entre otros elementos, el acervo documentario que la CVR produjo durante su trabajo, así como con la exposición fotográfica “Yuyanapaq: pararecordar”, que se mantiene desde hace seis años en la sede del Museo de la Nación, hoy Ministerio de Cultura.

En lo que se refiere a la incorporación de los contenidos del Informe Final en el currículo escolar, el Ministerio de Educación tuvo vacilaciones sobre esta materia durante varios años hasta que, a partir de la situación vivida hace
pocos meses con el intento de inscripción como partido político del MOVADEF – grupo de simpatizantes de Sendero Luminoso y adeptos a su inhumana ideología– las altas autoridades de este sector se han comprometido a lograr que los futuros materiales escolares incorporen tales contenidos, lo que se deberá hacer con fidelidad a la verdad expuesta ya por la Comisión y con la ayuda de programas de capacitación que permitan a los docentes trabajar adecuadamente con estos materiales, complementados con otros elementos visuales y pedagógicos más cercanos a los niños y jóvenes.

No está de más hacer, en este punto, dos observaciones a propósito de la organización llamada MOVADEF. En primer lugar, cabe señalar que la aparición de este grupo, aún minúsculo, es el reflejo de la pobre dedicación que la sociedad y el Estado han tenido para con las recomendaciones destinadas para que grupos que generaron la violencia no volvieran a aparecer en nuestro país, más allá de la respuesta legal y policial que sin duda esta situación requiere. La segunda precisión se refiere al contenido de nuestro trabajo. La CVR realizó una condena enérgica y categórica de los proyectos armados, autodenominados revolucionarios, como el de Sendero Luminoso o el del MRTA, así como fue exhaustiva en la descripción de su ideología y de sus acciones terroristas así como de sus tácticas militares y pedagógicas reñidas con los principios más elementales del humanitarismo. Pero fuimos más allá de los epítetos y realizamos una tarea más eficaz: demostramos con total rigor la naturaleza de los delitos cometidos por los miembros de estas agrupaciones, así como su calidad de crímenes internacionales, lo que hace aún más grave su responsabilidad. Por ello resulta especialmente absurdo einmoral cualquier insinuación relativa a una presunta condescendencia de la Comisión hacia a dichas agrupaciones o sus brazos legales. Insistir en ese infundio solo demuestra la vocación de mentira y de engaño que alimenta a quienes representan a lo peor de nuestro periodismo y de nuestra política.

Hay quienes creen que toda crítica al statu quo en el Perú implica poner en peligro el crecimiento económico alcanzado sobre la base de un modelo económico que si bien ha dado resultados positivos para el país en términos generales, todavía deja mucho que desear en términos de inclusión y justicia.

Todavía hablando sobre nuestro deber de conmemoración, es necesario decir que el proyecto de crear un espacio nacional dedicado a la memoria — el ahora denominado Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social—es hoyen una incógnita que invita más a la inquietud que a la esperanza. Si bien fue impulsado con buenas intenciones y aunque se viene construyendo el edificio que lo albergará, existen justificadas preocupaciones sobre la memoria que ahí será propuesta al país.

 Por el momento todo indica que no será incluida la muestra fotográfica de la CVR: “Yuyanapaq: para recordar” tal como debía ser recogida: en su integridad y respetando su espíritu y la concepción museográfica que le dio vida. Durante los últimos años, los miembros de la sociedad civil hemos bregado para que las víctimas y sus familiares puedan validar el contenido de lo exhibido, sin que hayan sido escuchadas plenamente hasta la fecha. Ese descuido de la tarea de escuchar e incorporar las voces de las víctimas en un proceso de diálogo amplio y conducente a decisiones consensuadas trae, como correlato, una comprensible preocupación: que se vaya a consagrar ahí una memoria triunfalista, celebratoria del recuerdo de las elites, acaso de cuño militarista, y por lo tanto excluyente, jerárquica y, por ende, injusta.

Esta incertidumbre, vale la pena señalarlo, contrasta con el centenar de sitios de memoria creados en su mayoría por las propias víctimas o municipalidades de los lugares afectados por el conflicto en diversas zonas de nuestro país. Si bien las acciones estatales han sido escasas, la sociedad civil ha sido más efectiva en realizar acciones en favor de la memoria. Estas no se han limitado a las concentraciones anuales en recuerdo de sucesos puntuales de violaciones a los derechos humanos o para conmemorar la entrega de nuestro Informe Final. Desde el arte en sus diversas expresiones – lo que incluye las expresiones plásticas, el cine, la literatura y el comic – se han creado importantes manifestaciones que nos recuerdan y reflexionan sobre lo vivido en las dos últimas décadas del siglo XX. Asimismo, algunas universidades y centros de investigación han impulsado investigaciones que han ampliado conceptos e investigaciones hechas por la CVR, lo cual también ha sido emprendido por alumnos de pregrado y de postgrado de universidades peruanas y del exterior, donde se ha elaborado diversas tesis para sobre sucesos ocurridos entre 1980 y 2000, o abordando temas tratados por la CVR desde enfoques distintos.

Justicia
Al terminar su trabajo, la CVR presentó al Poder Judicial y al Ministerio Público 47 casos para que fueran investigados y procesados por el sistema de justicia. En consonancia con ese esfuerzo, ambas entidades crearon unsubsistema judicial sobre la base de la Sala Penal Nacional para procesar casos sobre violaciones a los derechos humanos – además de procesos por terrorismo -, complementado por los esfuerzos realizados por el subsistema anticorrupción en los casos sobre esta materia vinculados a la organización criminal de Fujimori y Montesinos, en particular, los hechos cometidos por el destacamento Colina.

No se puede dejar de destacar algunos avances en esta materia, durante estos años. Los miembros de las cúpulas de Sendero Luminoso y del MRTA han sido condenados a altas penas de prisión, en salas superiores y supremas que han respetado todas las reglas del debido proceso y que, en general, tuvieron un buen nivel de valoración probatoria. En el caso particular de la dirigencia senderista, se acogió los aportes dados por la CVR en el caso Lucanamarca, una de las mayores y más feroces masacres cometidas por la organización terrorista por Abimael Guzmán.

Asimismo, algunos agentes del Estado han sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Este conjunto de sentencias, emitido en su mayoría por la Sala Penal Nacional entre 2006 y 2008, estableció importantes precedentes judiciales en lo que se refiere al procesamiento de desapariciones forzadas yejecuciones extrajudiciales.

Además, el proceso judicial contra Alberto Fujimori, que culminó en su condena a 25 años de prisión por homicidio calificado, secuestro y lesiones graves, implicó un avance importante para el país. Por primera vez en nuestra historia republicana, un ex presidente fue juzgado, con todo respeto a sus derechos fundamentales. Se desarrolló una importante línea jurisprudencial en materia de procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos, en particular, en lo que se refiere a la valoración de prueba indiciaria y el desarrollo doctrinario de la autoría mediata por dominio de la organización. Esta sentencia, que también recoge como prueba referencial al Informe Finalde la CVR, viene siendo estudiada en varias facultades de Derecho alrededor del mundo como un ejemplo en materia de procesamiento de ex funcionarios de alto rango por vulneraciones a los derechos fundamentales.

Sin embargo, se han visto importantes retrocesos en esta materia durante los últimos años. Entre 2008 y 2011, la Sala Penal Nacional emitió más de una decena de sentencias absolutorias a agentes del Estado, las cuales, posteriormente, fueron corregidas por la Corte Suprema de Justicia de la República en base a una razón principal: la inadecuada valoración de las pruebas presentadas. Esta situación se debe tanto a las imprecisiones en lasque en algunos casos caen las acusaciones emitidas por el Ministerio Público, como por las carencias en materia de valoración de prueba indiciaria por partede los miembros del referido tribunal.

Esta tendencia correctiva de la Corte Suprema de Justicia se ha perdido en los últimos meses. Dos ejemplos lo reflejan. En el caso Pomatambo y Parcco Alto, a pesar de que en primera y segunda instancia se demostró la existencia de ejecuciones extrajudiciales de doce personas en 1986, se absolvió a cuatro oficiales del Ejército que participaron en estos hechos. Mientras que en el caso Indalecio Pomatanta, a pesar que se condenó a un oficial de la Marina de Guerra por quemar vivo a un joven detenido en Pucallpa en 1995, se excluyó ala institución castrense como tercero civil responsable para el pago de la reparación civil. Ambas sentencias fueron emitidas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el vocal Javier Villa Stein, principal responsable de la indigna y vergonzosa sentencia emitida en los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, en la que se redujo la condena a los miembros del destacamento Colina y cuyos fundamentos supusieron un grave retroceso en materia de procesamiento penal de derechos humanos.

A ello se suma el hecho de que la Sala Penal Nacional ha sido, por así decirlo, víctima de su propio éxito inicial. Después de haber tenido una dedicación exclusiva a temas de terrorismo y derechos humanos, se ha convertido en la actualidad en un tribunal dedicado a ver todo tipo de crímenes vinculados a criminalidad organizada, incluyendo casos de corrupción. Con ello, los casos presentados por la CVR y otros vinculados a violaciones de derechos humanos han pasado a un segundo plano.

Debe sumarse, como problema adicional, la falta de colaboración del Ministerio de Defensa en las investigaciones que involucran a miembros en actividad y en retiro de los institutos armados. A la falta de información sobre la materia, se suman esfuerzos en favor de la impunidad, como los sucesivos peritajes cuestionables en el caso Chavín de Huántar, cuyo efecto, más que defender a comandos que cumplieron a cabalidad con su deber, será favorecer a personajes vinculados al Servicio de Inteligencia Nacional dirigido en la década de 1990 por Vladimiro Montesinos.

Reparaciones
Es posible afirmar que el campo de las reparaciones ha sido aquel donde la actuación del Estado ha sido más intensa, aunque no necesariamente la más acertada. En general, las reparaciones han sido asumidas por los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala como un programa social más o, a lo sumo, como un componente de los planes de inclusión sociales, antes que como una política de reivindicación de aquellas personas y comunidades afectadas por la violencia.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se generó la normativa e institucionalidad vinculada a las reparaciones individuales y colectivas. Se crearon dos organismos: la CMAN, encargada de diseñar las políticas de reparación y el Consejo de Reparaciones, que se responsabiliza del registro de las víctimas individuales y colectivas. Luego de varias vicisitudes institucionales, ambas entidades se encuentran en proceso de fusión con miras a mejorar su trabajo.

En lo que se refiere a reparaciones colectivas, 1679 comunidades han sido beneficiadas con la entrega de 100,000 soles para emprender 1672 proyectos de desarrollo comunitario y rural. Para tener una idea más precisa del real efecto benéfico de estas acciones será necesaria, no obstante, una evaluación sobre el impacto de la entrega de estos montos de dinero, tanto en lo que se refiere a los proyectos emprendidos como en el carácter reparador de su otorgamiento, así como de su uso en las comunidades bajo criterios técnicos y de desarrollo entendido en el sentido más amplio. Durante los últimos años, el presupuesto para este tipo de reparaciones se ha venido incrementando sostenidamente.

En lo que se refiere a reparaciones individuales, la situación es mixta. Desde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se han emprendido campañas para el otorgamiento de Documentos Nacionales de Identidad para ciudadanos peruanos que perdieron sus documentos de identidad, que nunca tuvieron una certificación de este tipo o cuya identificación se perdió por los ataques a los locales de registro civil.  Mientras que se ha incorporado paulatinamente a las víctimas de la violencia al Seguro Integral de Salud, con las dificultades en cobertura que tiene este programa social. En lo que se refiere a educación, existen algunas facilidades para estudios escolares y superiores, que aún no han sido bien difundidas.

Hay que señalar con claridad que el punto más crítico sobre la materia se encuentra en las reparaciones económicas. Para las organizaciones de víctimas y familiares resulta crítico el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, norma que señala un tope de 10,000 nuevos soles por víctima y privilegia a un grupo de personas antes que a otras. Estas instituciones demandan la derogatoria de la referida norma, el establecimiento de un monto de reparaciones económicas equivalente a 10 Unidades Impositivas Tributarias, así como una política igualitaria en el otorgamiento de reparaciones. Las señales en este sentido no han sido buenas: recientemente, el Poder Ejecutivo observó una norma modificatoria de la Ley del Plan Integral de Reparaciones que incluía a víctimas de otras formas de violencia sexual dentro de los beneficios del PIR. Se espera que el Congreso de la República, que aprobó por unanimidad este proyecto de Ley, insista en la aprobación de esta norma.

Reformas institucionales
Luego de nueve años, este es el aspecto menos valorado de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y cuyos avances sustanciales han sido menores. Por ello, siguen resultando actuales las palabras que expresamos en la presentación de la segunda edición de Hatun Willakuy, versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

“Ni el sistema educativo ni la presencia de la autoridad democrática en el territorio nacional ni, mucho menos, la organización de las fuerzas armadas han experimentado cambio alguno relacionado con las lecciones dejadas por la violencia. Ello es explicable. Hacer reformas institucionales del tipo que se propuso implica no solamente pericia normativa y sabiduría técnica, sino, en primer lugar, toma de decisiones políticas. El Perú de hoy no tiene recursos institucionales para que tales decisiones políticas sean tomadas. Quienes hacen política en nuestro entorno actual carecen en su mayoría de la necesaria idoneidad profesional y ética para ello. Pero eso no tendría que ser unimpedimento para que se tomaran decisiones democráticamenteconstructivas. El segundo cerrojo que impide el cambio que necesitamos es la inexistencia de reglas de juego y de una arquitectura organizativa e institucional que incentiven y obliguen a los que toman decisiones a comportarse leal y honradamente, aunque ello signifique marchar en contra de sus deseos y ambiciones personales”.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s