Corrupción: una mirada ética. Por Salomón Lerner

La República – Domingo, 07 de octubre de 2012

En los últimos decenios, la corrupción en la vida pública se ha convertido en un tema de preocupación mundial. No es vista ya, simplemente, como “ruido” marginal al funcionamiento de los sistemas políticos y de la convivencia colectiva.  Hoy se la reconoce como uno de sus grandes disruptores, porque conspira contra la legitimidad de la democracia y el Estado de Derecho y porque afecta, a veces muy gravemente, el uso de los recursos públicos orientados a fines de interés colectivo.

Un acto de corrupción pública es, un acto de deslealtad frente a las reglas que deberían regir un comportamiento social honrado. En términos prácticos, es el aprovechamiento deshonesto de lo público en provecho privado, lo cual se hace más grave cuando ese acto es realizado por sujetos en posición de autoridad.

Ahora bien, esa deslealtad significa la tergiversación general del pacto ciudadano, la vigencia de una asimetría en las relaciones entre gobernantes y gobernados y el deterioro de la confianza en la ley hasta despojarla de credibilidad, todo lo cual hace posible que nazca, en su lugar, un “sentido común” de resignación, de escepticismo y, por último, de cinismo frente a la ley, el Estado de Derecho y la simple idea de la honradez como valor indispensable para la función pública.

Preguntémonos: ¿hemos aceptado a la corrupción como ingrediente de nuestro pacto social? ¿Es ella la causa o más bien reflejo de un cierto colapso ético de nuestra sociedad?

Creo que la respuesta  se halla en la segunda opción: es manifestación de un problema moral que tendría que ser asociado con la crisis de ciudadanía que vivimos, desde antiguo, en el Perú. Me refiero con ello a la casi generalizada aceptación pasiva y a veces asertiva de la corrupción como una suerte de moral de la eficacia  que consagra el “pragmatismo” y la “viveza”.

Dicha aceptación —que hace explicable la admiración hacia presidentes corruptos— surge en un mundo cultural en el cual la experiencia de la ley como garante de nuestros derechos es precaria y sumamente inequitativa, pero también en un mundo cultural en el cual no consideramos a los demás como prójimos y ciudadanos, sino más bien como obstáculos para la satisfacción de nuestras apetencias o como simples  medios para  obtenerlas.

Si nos preguntamos entonces por el “qué hacer” frente a este problema, la respuesta que podemos dar se halla vinculada al inacabable fortalecimiento de una cultura democrática y de una experiencia real de ciudadanía. Ciertamente, la gravitación de valores morales como honradez, lealtad, justicia, igualdad  se sitúa  en el centro de la cuestión. Pero lo que tal vez englobe todo eso en la experiencia colectiva, otorgándole sentido más asible, sea la idea de una vivencia real del ejercicio de nuestros derechos y del cumplimiento de nuestros deberes,  es decir, una situación  de igualdad ante la ley como bien deseable para mí, pero que solo me será asequible en la medida en que sea también un bien del que disfruten los demás.

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