El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco dispara las alarmas sobre la extrema violencia política y corrupción en la región Áncash. En realidad, descubre para la opinión pública nacional y para la política limeña un truculento escenario que los ancashinos conocen bien.
En esa región, la balas silenciadoras, los jueces y fiscales comprados o amenazados, los policías vendidos y los periodistas alquilados, forman parte de un paisaje con el que conviven los ciudadanos. Los sucesos que han modelado ese escenario, especialmente las denuncias de corrupción y los asesinatos, fueron poco más que una noticia. Su persistencia no logró impactar decisivamente a las seis instituciones de alcance nacional llamadas a combatir el delito o controlar el poder, el Congreso, el Poder Judicial, la Procuraduría (Ministerio de Justicia), la Policía (Ministerio del Interior), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas han respondido que hicieron algo de lo que les correspondía, que la falta de eficacia se debe al papel de otras instituciones y que carecieron de recursos para alcanzar mayores logros. Es probable que estos argumentos sean de algún modo ciertos aunque la verdad es más compleja y dramática.
En casi todas estas instituciones operó un mecanismo ilegal que bloqueó las denuncias o su desarrollo procesal con marcado éxito. Este no es un trabajo empírico, sino el resultado de un proyecto mafioso sostenible por su capacidad operativa y los recursos financieros, políticos, legales, tecnológicos y mediáticos que desarrolla. A diferencia de las redes clásicas de corrupción del pasado, esta se construyó de abajo hacia arriba usando para sus intereses los espacios de autonomía y discrecionalidad que la descentralización ha establecido, una derivación perversa no prevista al inicio de este proceso. El atormentado tránsito de Ezequiel Nolasco desde el año 2010 testimonia la fuerza de la red ilegal a la que se enfrentó y sucumbió; todos sus movimientos fueron contestados con éxito.
Él perdió todas las batallas emprendidas, en los ámbitos administrativo, policial, judicial y parlamentario. También perdió la batalla de la opinión pública porque su voz, mucho antes de las balas asesinas, fue silenciada por una prensa regional arreglada bajo la mesa y sobre la mesa, con muy escasas excepciones. Las tres veces que este hombre, martirizado ya por la muerte de su hijo y por su propia persecución, se encadenó en la puerta de la Corte Superior de Justicia del Santa (Chimbote) aparecieron como una dolorosa confesión de su impotencia y fracaso. La mala noticia, lluvia sobre mojado, es que el caso de Áncash no es único. Los datos a la mano indican que en varias regiones se han organizado mafias locales con alcance nacional y en otros casos de origen municipal con el mismo éxito.
Sin embargo, no todas las regiones o ciudades tienen un Ezequiel Nolasco que a costa de su vida ha dejado testimonio de la realidad. Casos similares a los de Áncash están atrapados en el Congreso, han sido trabados en las fiscalías o han merecido sentencias cargadas de impunidad. En Áncash ha fracasado todo o casi todo, la democracia, la descentralización y la libertad de expresión. Desde la primera elección regional no ha sido posible construir allí un proyecto regional abierto y democrático; contrariamente, se ha acentuado la fragmentación social y política, las prácticas clientelares y la organización de un poder resistente a la rendición de cuentas.
El proceso de descentralización ha sido en esa región hasta ahora la transición hacia un estado débil y corrupto, personalizado al extremo y carente de elites moderadoras y articuladoras del debate. El rasgo que define el espacio público allí es un alto protagonismo de actores informales y, sobre todo, ilegales, cuya lucha por el poder carece de límites con una marcada preferencia por el uso de la violencia para resolver las disputas políticas. La pregunta de qué hacer con Áncash debería ser qué hacer con la descentralización.
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